El debate de la memoria colectiva en España


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Francesc-Marc Álvaro

El pasado no acaba de pasar, por decirlo a la manera del historiador francés Henry Rousso. Lo peor es que el pasado nos persigue en forma de circo, de show, de parodia. Los juegos de manos con el pasado han convertido nuestro ayer en un asunto de permanente actualidad. Recordamos, por ejemplo, las noticias sobre la investigación de los restos mortales del poeta Federico García Lorca, asesinado por los franquistas durante los primeros días de la guerra civil española. 

La memoria colectiva se ha convertido en España en un verdadero campo de batalla entre partidos políticos. Después de tantos años de libertad, los ciudadanos de la democracia española no hemos conseguido construir todavía una “comunidad de recuerdo”, según la terminología de Avisahi Margalit. Por eso nuestro pasado es terreno de varias confusiones, alimentadas muchas de ellas por el rencor, algunas por el oportunismo y el tacticismo electoral, otras por la estupidez.

 

I.

Antes de abordar el problema, hay que recordar algunas singularidades del caso español, para analizar con cierta perspectiva las trampas del debate político sobre la memoria. Nuestra guerra civil fue un prólogo y un ensayo terrible de la Segunda Guerra Mundial pero, al mismo tiempo, España quedó al margen de la gran contienda en que enfrentó a las potencias del Eje y los aliados, los cuales, finalmente, optaron por dejar Franco en el poder en el marco de la guerra fría. La guerra civil desembocó en una larga dictadura que acabó con la desaparición del dictador por muerte natural y la transición fue una reforma pactada entre los sectores más pragmáticos del franquismo y una oposición antifranquista que, consciente de sus debilidades, arrinconó la idea inicial de ruptura para aceptar una monarquía parlamentaria con un Jefe de Estado que había sido designado por el Caudillo. España no fue como Portugal.

Ni los unos ni los otros eran bastantes fuertes. No se podía seguir con el franquismo ni se podía provocar una ruptura. Se optó por el camino del medio. El empate entre los unos y los otros forjó la actual democracia española, y eso implicó, entre otras cosas, que nadie ajustara las cuentas con los que habían dirigido aquella tiranía. La ley de amnistía de 1977 en beneficio de los opositores a Franco era también, en su reverso tácito, una ley de punto y final para los servidores de la dictadura. Aquella ley de amnistía fue asumida por los principales partidos de la oposición a Franco, entre los cuales los comunistas y los socialistas. Hoy, sin embargo, los comunistas y sus herederos ideológicos, exigen unas actuaciones oficiales que son totalmente contrarias a lo que ellos mismos propugnaron al acabarse la dictadura, como si abjuraran de lo que el dirigente máximo del Partido Comunista, Santiago Carrillo, había hecho; la paradoja es que el propio Carrillo –fallecido recientemente – hablaba como si no recordara sus discursos de aquel momento. El socialista Felipe González, en cambio, ha exigido coherencia entre lo que se hizo durante la transición y lo que ahora se pretende al invocar el deber de memoria.

No nos corresponde, a los que llegamos más tarde a la mayoría de edad, especular con una historia-ficción de otra transición. Pero, en cambio, sí que podemos y tenemos que impugnar el peso del relato oficial de esta transición, porque contiene malentendidos que hoy afloran cuando los legisladores ponen la vista sobre los años de la II República española, la guerra civil y la dictadura de Franco. No discuto aquello que hicieron los políticos de la transición pero sí critico la manera triunfalista, simplista e infantil como nos han explicado aquel proceso, lo cual sólo sirve para construir un mito vacío pero no para profundizar en la democracia. En mi libro Els assassins de Franco (Los asesinos de Franco), he intentado argumentar mi posición al respecto.

El malentendido más importante del mito de la transición española es que, entre 1975 y 1978, se produjo una “reconciliación nacional” entre todos los ciudadanos. La reconciliación sería el producto casi mágico de aquel proceso. En realidad, las cosas no fueron así porque la reforma democrática se basó en uno simple “pasemos página”, asumido por todas las partes, los franquistas más abiertos y jóvenes y la oposición democrática más consciente. Todo el mundo empezó a andar sin mostrar sus esqueletos y sus respectivos fantasmas. Lo resumo ahora mediante una sola pregunta: ¿cómo se puede dar una reconciliación cuando nadie pide perdón y cuándo todas las élites implicadas en la construcción del nuevo marco democrático aceptan dejar a un lado el pasado sin investigar, algo que coloca a las víctimas al lado de los verdugos?

Si la reconciliación hubiera tenido lugar de veras en España, entre las élites, la derecha condenaría hoy sin excusas la represión franquista y la larga dictadura (y nadie del Partido Popular relativizaría su carácter opresor y criminal, como han hecho algunos de sus dirigentes) y la izquierda condenaría, también sin excusas, la violencia en la retaguardia republicana durante la guerra civil y las complicidades locales con los soviéticos. Pero eso no pasa. Aunque formalmente se acepten estos hechos, hay una reticencia de fondo, que esconde una pugna por la hegemonía de la razón histórica y un menosprecio por el otro. Menosprecio que, además, deja siempre fuera a los moderados y los dialogantes, aquella Tercera España a quien tocó la peor suerte y que ha estudiado muy bien por el historiador inglés Paul Preston. Una Tercera España, ubicada entre los extremismos totalitarios negro y rojo, que en Catalunya estaba muy madura y presente.

Para sectores reaccionarios de la derecha española queda el recurso engañoso de intentar situar el verdadero comienzo de la guerra civil en 1934, justificando así, de manera indirecta, el levantamiento golpista de Franco en 1936, que desencadena el conflicto. A la vez, para la izquierda española más enrocada en el dogmatismo, la respuesta a este revisionismo de derechas es idealizar la II República y negarse a reconocer que no todos los que lucharon contra Franco, tanto en la guerra civil como durante la posterior oposición clandestina, eran demócratas. ¿Por qué no aceptan que muchos fueron militantes de partidos totalitarios que propugnaban dictaduras de otro color? Si no se dan estos pasos imprescindibles de rigor intelectual y ético, todo el debate de la memoria se convierte en una impostura sectaria.

Tan falso y ofensivo es que alguien se refiera al bando franquista como portador de “valores cristianos y occidentales” como que alguien mantenga que todos los antifranquistas fueron “luchadores por la libertad y la democracia”. Se desfiguran las palabras y, entonces, el sentido del pasado se convierte en una caricatura. Por ejemplo, se habla de la línea que separa democracia y franquismo, silenciando que la guerra civil fueron muchas guerras a la vez, no sólo la de la República contra Franco. Había fascistas contra comunistas, estalinistas contra anarquistas, totalitarios contra reformistas republicanos, etc.

 

II.

Hechas estas precisiones, centrémonos en el principal proyecto político impulsado estos últimos años en España sobre la memoria colectiva. La ley de la memoria histórica, que se aprobó en las Cortes españolas a finales del año 2007, sin los votos del PP, presenta a mi entender tres problemas de origen.

En primer lugar, es una ley que relaciona la necesidad de reparación y reconocimiento de las víctimas del franquismo y la dictadura con la voluntad de crear un único relato oficial sobre la historia reciente, una empresa impropia de un gobierno democrático en una sociedad plural y abierta. Los gobernantes democráticos no pueden hacer de historiadores.

En segundo lugar, es una ley que representa una ruptura del pacto simbólico, jurídico y político, que hizo la oposición antifranquista (sobre todo los comunistas y los socialistas) con los sectores franquistas pragmáticos, a fin de que la sociedad pasara de una tiranía a un sistema de libertades conjurando los fantasmas de la guerra civil y las dos Españas. Parece que algunos quieren retornar a 1975, para hacer unos deberes que dejaron pendientes pero que, ahora, han caducado.

En tercer lugar, es una ley que nace del impulso de una izquierda (IU y ERC, poscomunistas e independentistas catalanes de izquierda) que idealiza de manera acrítica la II República, el bando republicano y la oposición antifranquista y que choca con una derecha (PP) que es incapaz de condenar el levantamiento militar de 1936 y la posterior y larga dictadura; eso dejó al presidente socialista Zapatero aislado con un proyecto que no satisfacía a nadie y que sólo dos formaciones de alcance territorial limitado (CiU y PNV, nacionalistas moderados catalanes y vascos) desencallaron.
Estoy completamente a favor de que los poderes públicos reparen a las víctimas de la guerra y el franquismo. Como familiar que soy de un combatiente republicano deportado y asesinado en el campo nazi de Mauthausen, no tengo ningún tipo de duda sobre la necesidad de que el Estado español haga hoy un reconocimiento oficial, solemne y verdaderamente reparador de la memoria de los perdedores de la guerra civil y de los asesinados, encarcelados y represaliados durante la dictadura. Estoy convencido de la necesidad cívica de este ejercicio. Pero no estoy seguro de que una ley, tal como se planteó, sea el camino más adecuado para realizarlo.

El error mayor del presidente Zapatero en este campo fue dejarse llevar por un concepto ingenuo de “memoria histórica”, término de por sí engañoso. Los países más serios hablan de “memoria colectiva” y separan bien la historia de la memoria. Como escribió el profesor Josep Termes, la memoria es necesariamente parcial, diversa e incompleta, otra cosa es sí hablamos de una historia rigurosa, contrastada, documentada. Pero eso ya no es misión de los gobiernos, sino de los expertos. Ningún gobierno democrático puede erigirse en historiador. Zapatero pensaba que podría reabrir la discusión sobre la guerra civil y el franquismo sin que la fábula de la transición le explotara en la cara. Pero eso es imposible.

Al final, ha emergido una lucha dogmática e intransigente por la hegemonía ideológica que utiliza la historia como campo de batalla y como munición. Se tiende a simplificar: hay muchas víctimas que la izquierda oficial no considera como propias y que tampoco fueron nunca franquistas. ¿Dónde van a parar esas víctimas? A la nada. Un ejemplo: el periodista catalán Josep Maria Planes, asesinado por los pistoleros anarquistas de la FAI en agosto de 1936, era un demócrata republicano que no recibió el homenaje del régimen franquista (afortunadamente) y que tampoco ha tenido el homenaje de la actual democracia. Un desatino.

 

III.

Aunque ya sabía que no podía prosperar su objetivo anunciado a bombo y platillo, el famoso juez Baltasar Garzón puso en marcha una especie de causa general contra el franquismo que, rápidamente, la fiscalía general desestimó porque, según adujo, no encajaba en las leyes que, desde la muerte de Franco, han fundamentado el sistema constitucional de España. De hecho, la iniciativa de Garzón, más allá de su espectacularidad, chocó con la mencionada ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, un artefacto legal que puso en libertad a los presos políticos que habían luchado contra Franco a cambio de olvidar las responsabilidades penales de los que habían tenido un papel relevante dentro de la dictadura. Aquella ley de Amnistía fue asumida y votada por los principales partidos parlamentarios actuales.

Es seguro que las intenciones de Garzón eran loables, pero su método creó falsas expectativas, porque olvidaba la naturaleza política de los pactos sobre los cuales se edificó la transición. A él esa acción le costó cara y contribuyó al fin de su carrera como juez. Garzón parecía querer enmendar el papel de los legisladores, a quienes correspondería revisar las leyes de la transición, lejos de tacticismos y polémicas estériles. El afán de protagonismo del exmagistrado Garzón convive con las respetables reclamaciones de muchas organizaciones que piden una reparación de las víctimas que la transición postergó. A menudo, son los nietos los que cogen una bandera que los padres, la generación de la transición, guardaron. Garzón conecta con estas nuevas generaciones, pero confundió la función del juez con la de los legisladores.

Las cosas son más complejas de lo que parecen. No tenía ni un año de edad el niño Baltasar Garzón, en junio de 1956, cuando el Partido Comunista de España, la oposición a la dictadura de Franco más activa y bien organizada, dio a conocer una declaración imprescindible para comprender el presente en que vivimos ahora. El documento tenía un título tan atrevido como futurista: “Para la reconciliación nacional de todos los españoles”. En el texto, entre otras cosas, se decía: “Al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el PC de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco””. La declaración constataba un cambio de paisaje que obligaba a revisar varias premisas estratégicas: “Hay ya una nueva generación que no ha vivido la guerra civil y que está jugando un papel en la sociedad española”. Todavía faltaban diecinueve años para que el tirano falleciera en la cama, pero la clarividencia de algunos, entre los cuales Carrillo, sirvió –parece– para colocar la primera piedra de aquello que llamamos transición.

 

IV.

Mucha gente – nietos y bisnietos de los que hicieron la guerra– desea saber hoy la verdad de lo que pasó, ya sin miedo a que se repita la contienda. Una noble aspiración que brota al mismo tiempo que aparece un uso partidista del pasado. Al principio de los noventa, cuando Garzón probó suerte en la política como diputado del PSOE, la memoria reciente empezó a hacerse un agujero en la agenda de los partidos. La profesora Paloma Aguilar Fernández, la experta en políticas de memoria más acreditada en España, ha resumido bien el problema: “La condena del olvido, tan abundante en nuestros días, suele culpar a las élites políticas de lo que fue propiciado por la inmensa mayoría de los españoles. Pero lo que también subyace en dicha condena es la constatación de las lagunas existentes en las medidas de reparación material y simbólica de las víctimas del bando republicano y de la dictadura. Además, aún quedan muchas muertes por esclarecer y documentar, fosas por exhumar, símbolos del pasado que perpetúan la discriminación de los vencidos y miles de procesos judiciales injustos que la ley de reparación no declara cancelados”.

Pero no puede confundirse nunca el papel de los jueces con el de los historiadores. Enzo Traverso se sirve de Carlo Ginzburg para resumir el problema de manera clara: la verdad del historiador “no tiene un carácter normativo; es imparcial y provisional, nunca definitiva. Sólo los regímenes autoritarios, donde los historiadores quedan reducidos al rango de ideólogos y propagandistas, tienen una verdad oficial”. Aunque jueces e historiadores comparten la investigación de la verdad, continúa Traverso, los tribunales no tratan de comprender sino que se dedican a atribuir responsabilidades, absolver a los inocentes y castigar a los culpables. El pasado nunca es reversible ni se puede vincular la justa reparación de las víctimas a un juego de espejos deformante que convierte al historiador en conmemorador y al conmemorador en juez; con eso se juega con las legítimas expectativas de los herederos de las víctimas y se las coloca en una ventana equivocada, esperando algo que nunca se podrá sustanciar en la forma en que se plantea.

Los juicios a partir de los años ochenta en Francia sobre el régimen de Vichy y el colaboracionismo pusieron en crisis el estatuto público del historiador, especialmente cuando algunos especialistas rechazaron testificar durante el proceso contra Maurice Papon, funcionario condenado por la deportación de judíos. El mencionado Henry Rousso se negó a hacerlo porque aquellos juicios por crímenes contra la humanidad “no podían estar de igual manera a la altura de los requerimientos respectivos de la justicia, de la memoria y de la historia”. La irrupción de la justicia en la memoria puso en evidencia –según Stéphane Michonneau– “la imposibilidad de que la sociedad francesa asumiera su propia historia y actualizara sus valores; al final, la sociedad enfermó de no poder olvidar”.

 

V.

En España, diariamente, se mezclan de forma interesada la historia, la memoria y la justicia de la misma manera que se desprecian a las víctimas del bando contrario. También se confunde conmemoración con conocimiento. Como escribió el desaparecido Tony Judt, los excesos conmemorativos oficiales son “sucedáneos” que no mejoran “nuestra apreciación y nuestra conciencia del pasado”. Y, en tercer lugar, se mezcla el derecho que todos tenemos a la memoria con el poder de imponer arbitrariamente un relato adulterado a los otros. Por ejemplo, el intento de presentar hoy algunos exfranquistas notables como comprometidos partidarios de la libertad emboscados en el corazón de la dictadura.

Después de cuarenta años de propaganda oficial franquista a cuenta de los muertos de un bando, debemos ir con cuidado de no imitar lo peor del adversario desde la legitimidad democrática. La democracia es un régimen moralmente superior, porque asume el pluralismo, incluso ante sus enemigos. No podemos olvidarlo. Hay algo de inmoral y de antipolítico en este tipo de razonamientos que no abrazan toda la realidad y optan por la parcialidad. La falta de tradición liberal en España hace estragos a derecha e izquierda.

La presencia de los discursos sobre la mal llamada “memoria histórica” en la agenda electoral responde a esta estrategia de reconstrucción de una identidad política que, a falta de otros méritos, pretende proyectar una superioridad moral que ha de venir de la conexión con sus muertos y sus víctimas. De ahí se deriva una confusión políticamente grave y éticamente inaceptable: entender que las instituciones democráticas sólo deben recordar a los muertos que el franquismo consideró enemigos, jugando a una reversión del dolor por desempate. Pero – como ya hemos apuntado antes – la democracia, en tanto que sistema de libertades, debe superar esta división, tiene que abrazarlo todo y tiene que evitar la creación de lo que la norirlandesa Marie Smyth denomina “jerarquías del dolor”. Por otra parte, la perversa ley del péndulo que rige los homenajes partidistas acostumbra a olvidar a una gran cantidad de víctimas que no son de nadie,

Las tareas que tienen que ver con la recuperación del pasado reciente deben ser asumidas por las instituciones democráticas sin caer en extremos propagandísticos ni intervencionistas. Todo el mundo tiene derecho a enterrar y recordar a sus muertos con dignidad. Con todo, la memoria colectiva no es sólo una cuestión de esqueletos o de monumentos. Además de las víctimas concretas de unos años oscuros, hay otro tipo de víctimas. Hablo de la cultura catalana, que se convirtió en una víctima sangrante de la guerra civil y del largo franquismo. La democracia española tiene una tarea pendiente en este sentido. Sólo hay que recordar el caso del archivo de Salamanca que, construido a partir de la victoria de Franco, todavía guarda muchos documentos privados y públicos que Catalunya quiere recuperar.
VI.

La democracia necesita reafirmarse en la complejidad del pasado. Complejidad que se puede palpar en peripecias como la del político Manuel Carrasco i Formiguera, democristiano y republicano que Franco ordenó fusilar en Burgos después de que huyera de Catalunya para escapar de las amenazas de los anarquistas anticlericales, una amarga ironía. Más complejidad: Todo el mundo veía como una cosa normal que Carrillo presentara un libro sobre los deportados republicanos a los campos de concentración nazis y no dijera nada sobre la manera como el PCE trató de sospechosos de colaboracionismo a los supervivientes de aquel infierno, algo que pasaba en toda Europa al dictado de la paranoia estalinista. Y más complejidad: la adaptación ideológica de Juan Antonio Samaranch, desaparecido dirigente máximo del Comité Olímpico Internacional, que fue una de las cabezas del deporte franquista y que, con los años, se convirtió en figura indiscutible, amiga de gobiernos de todo color.
El énfasis en la complejidad no significa ambigüedad ni relativismo ante los hechos, pero no acepta el esquematismo urgente. Más allá de la polvareda, corresponde a cada individuo gestionar los recuerdos personales. Y corresponde a los historiadores y estudiosos hacer las investigaciones que sean necesarias y poner cada cosa en su lugar, tratando de establecer una verdad histórica plausible lo más fiel posible a la realidad, sabiendo que – como ocurre en toda ciencia social – el peso de las ideologías también conforma las interpretaciones, por muy honestas que estas se pretendan.

Acabamos con una pregunta: ¿Cuántas generaciones tendrán que consumir sus energías para que la memoria colectiva deje de ser el lugar que enaltece las diferencias y pueda representar un horizonte de verdadera reconstrucción cívica? Según Elias Canetti, “la muerte no tiene memoria”. Aprovechemos, pues, que nuestra memoria nos indica que estamos vivos para buscar los fragmentos de este rompecabezas sin matar el otro. Sin matar a nadie.
Francesc-Marc Álvaro es columnista del diario La Vanguardia y profesor de la Universidad Ramon Llull (Barcelona)

Illustration: Katja Pahor

This article was originally published in Slovenian translation in Razpotja magazine issue 9–10 (fall/winter 2012).

 

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